Los estragos del invierno dejaron varios sectores anegados el jueves 23 de marzo. Un total de 250 bomberos, 300 trabajadores de Emapag e Interagua, 22 carros hidrocleaners, 500 agentes de la ATM y 8 botes inflables atendieron el incidente, que no dejó personas heridas ni fallecidas.
Los sectores más afectados, que están rodeados por cuerpos de agua son Urdesa, Suburbio, vía a Daule, La Alborada, Samanes, Guayacanes, Av. Juan Tanca Marengo, entre otros. En el aeropuerto solo se afectó la calle de la zona de carga. Solo un avión no pudo aterrizar por una tormenta eléctrica.
Hubo 3 colapsos estructurales, 2 árboles caídos e inundaciones que incluyen afectaciones a 37 calles. También se registraron 2 deslizamientos de tierra en la zona de Bellavista y la vía Perimetral, en la parte que colinda con Cerro Azul.
“Vivimos un evento climático con tormentas eléctricas muy fuertes. Y en días anteriores, inclusive, sin lluvia, las calles se anegaron. Este evento climático se va a complicar un poco más, según información del Inamhi, y podría extenderse hasta el sábado”, dijo la alcaldesa Cynthia Viteri.
Mientras los ciudadanos sufren los estragos del temporal, los buses urbanos se sumaron al paro y dejaron de operar. Viteri aseguró que no se incrementará en 10 centavos el pasaje del transporte público. Agregó que de las 8 peticiones de los choferes, 2 le conciernen al Municipio y el resto al Gobierno Nacional.
Descarta incrementar el precio del pasaje, ya que los transportistas no mejoraron el servicio durante su administración. “Cada 10 centavos que se le sube al transporte público, utilizado por el 70% de la población de Guayaquil, son $40 millones al año que se le quita a los guayaquileños más pobres”, enfatizó.
“No voy a subir un solo centavo al pasaje del transporte público a la gente. La paralización de un servicio público es un delito penal. Un agente de la ATM o un metropolitano puede retener a una persona que esté paralizando un servicio público. Puede llamar a la Policía y detenerlo”, dijo Viteri, quien esta mañana presentó una denuncia por la suspensión del servicio en la Fiscalía.
Según la burgomaestre, otro problema del gremio concierne a los GPS de las unidades, que controla las rutas y la velocidad de cada vehículo. Estos dispositivos fueron instalados por la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).
“¿Por qué quieren caotizar la ciudad? ¿Por qué no quieren ser controlados? Estos GPS tienen 6 a 7 años y quieren que los quitemos. También estamos poniendo 4 cámaras en cada bus con botones de pánico para precautelar la seguridad de los usuarios, pero nos han dicho que nada de eso quieren. Aquí, a la fuerza, nada”, manifestó la alcaldesa.