La intervención en Yasuní ITT y el caso Olón son las principales motivos para que organizaciones y movimientos ambientalistas presenten ante la Corte Constitucional una denuncia por no aplicar la voluntad de los ecuatorianos, establecida en la consulta popular del 2023, en donde se votó para impedir la explotación en la Amazonía e invadir un área ancestral conformada por manglares.
Miembros del colectivo Yasunidos y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, llegaron a Quito para entregar los oficios y dar inicio al proceso.
Esta denuncia se divide en dos parte: la primera, para impedir la explotación del Yasuní ITT. Esta demanda surge en base a las protestas emitidas por los habitantes indígenas, en los últimos meses.
A su vez, realizaron una solicitud por las manifestaciones registradas en la ultima semana en la parroquia Manglaralto (Santa Elena), donde los comuneros y activistas buscan proteger esta área. El proyecto habitacional que se desarrolla en Olón está impulsada por la empresa Vinazín, cuyas mayores acciones pertenecen a la primera dama, Lavinia Valbonesi.
Iza asegura que el decreto 257 busca crear “cortinas de humo” para tapar el caso Olón.