Trece detenidos, doce de nacionalidad venezolana y una ecuatoriana, fueron detenidos la madrugada del 9 de marzo en cuatro allanamientos en el sur y centro de Quito como parte del operativo Sigilo 25.
Los sujetos que se dedicaban al robo a personas, de vehículos y secuestro extorsivo fueron puestos a órdenes judiciales, sin embargo, horas después se conoció que los dejaron en libertad y se les dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país.
Juan Zapata, ministro del Interior, rechazó la decisión tomada por los jueces Jaime Romero y Marzo Tamayo, los cuales no acogieron la solicitud de prisión preventiva, pese a que existe una víctima de extorsión.
Zapata comentó que la detención se cumplió en flagrancia, debido a que un comerciante denunció el hecho y es en ese momento que se investiga y se detiene a los trece implicados. “Lastimosamente, pese a que la Fiscalía pide la prisión preventiva, estos jueces a las 02:00 les dejan prácticamente en libertad”, dijo.
Recalcó que enviarán la queja al Consejo de la Judicatura para las sanciones pertinentes para los funcionarios implicados.
Zapata anunció que presentarán el lunes 13 de marzo ante la Asamblea Nacional una ley para la depuración policial, con el fin de separar a los malos elementos. Insistió en la necesidad de que las demás instituciones practiquen los mismo.
El presidente Guillermo Lasso también se refirió al hecho y publicó la foto de los sujetos que están en libertad. “Dispuse denunciarlos por este acto que pretenden dejarlos impunes”.
No permitiremos que las mafias organizadas, en complicidad con jueces poco comprometidos con la seguridad del país ganen terreno”, reza el comunicado.
Fausto salina, comandante general de la Policía Nacional, indicó que el tiempo destinado en encontrar a los sujetos se lo hubiese usado para el resguardo de la ciudadanía. Ya que esto requiere de varias acciones y participación de unidades especializadas. “Estas personas en libertad son muy peligrosas”.
Los sujetos primero atacaban a los negocios y luego enviaban mensajes amenazantes a los dueños. Durante el operativo se decomisaron cuatro armas de fuego, celulares y 120 municiones.