La fiscal Diana Salazar aseguró estar “preparada para cuando llegue el momento de enfrentar el juicio político”. Este lunes 27 de mayo recalcó su compromiso con el Ecuador y que seguirá trabajando con la verdad.
Salazar se encontraba en un juicio político en su contra desde 2023. Ahora está en pausa debido a su embarazo de alto riesgo. La funcionaria anunció que dará más detalles sobre los casos en los próximos días.
La Fiscalía General del Estado, a través del caso Encuentro, estableció una conexión entre Metástasis y Purga. El vínculo eran los chats donde aparecen nombres que están atribuidos a los casos mencionados. Las pruebas permiten descubrir las identidades de los grupos corruptivos en las instituciones públicas y privadas, representando la narcopolítica en Ecuador.
El 3 de junio presentarán información acerca de Metástasis. Los principales acusados son Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, así como el abogado Cristian Romero y Mayra Salazar, quien se desempeñó como funcionaria de la Corte del Guayas y pieza clave en las investigaciones por su relación con el narcotraficante Leandro Norero. Hay en total 52 procesados por delincuencia organizada en este caso.
A su vez, en el caso Purga, el Banco del Pacífico acuso por agravios materiales e inmateriales de $ 6,5 millones al exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes. Se suman otros 7 procesados, entre ellos cinco jueces y exmagistrados de Guayaquil. También consta Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas; y Javier de la Cadena, procurador judicial de la entidad financiera.
El caso Purga tiene como principales acusados a Muentes, supuesto líder de la organización. Su aliada sería Salazar, trabajadora de Norero. Ambos buscaban favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico, todo a través del Estado.
A una semana del juicio, ¿qué se sabe de los involucrados?
A pocos días de la audiencia, 13 de los 52 procesados buscan rendir su versión anticipada. Salcedo y Salazar están dispuestos a recibir los cargos y así pretenden rebajar la pena. Esto como consecuencia de la ley del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que define penas para la delincuencia organizada que van de los cinco a los diez años de cárcel.