“Por fin me convocaron”. Así llegó a comparecer Juan Zapata, exministro del Interior, la mañana de este miércoles 29 de mayo a la Asamblea Nacional. El exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso es investigado por incumplimiento de sus funciones en medio de la crisis de seguridad en Ecuador.
Zapata presentó un informe ante la Comisión de Fiscalización para detallar las irregularidades en el proceso del juicio político en su contra. Entre las pruebas expone que no fue notificado oficialmente, contradiciendo el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El exfuncionario recalcó su deber con el país y manifestó que iba a ser muy general con su exposición de datos. Aseguró que en los 13 meses que estuvo en la cartera de Estado es imposible decir que se lograría terminar con todo una crisis que tiene más de 20 años.
“Si es así, todos los ministros pues estarán en un juicio político”, indicó Zapata, quien el pasado 20 de mayo manifestó su postura ante la negación para su defensa y presentación de pruebas de descargo.
Durante la sesión del Pleno, Carlos Vera, asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), señaló el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público para evidenciar la “ineficacia, ineficiencia y falta de organización” de Zapata.
¿Qué pasó en Ecuador durante el tiempo de Zapata como ministro?
Tenia un presupuesto de más de $ 80 millones. Apenas ejecutó el 34,19 %, a pesar de la difícil situación que acontecía al país. El año 2023 estuvo plagado por delincuencia e inseguridad.
Murieron 107 policías y 8.094 ciudadanos de manera violenta, entre ellos muchos candidatos a alcaldes, concejales, asambleístas y el excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.
En su papel como ministro de Interior, con un presupuesto que estableció el Ministerio, no brindó los medios necesarios, logística y demás instrumentos para enfrentar la ola de criminalidad. Con chalecos caducados y sin instrumentos, los policías tenían una dificultad de cumplir con su deber por la falta de responsabilidad del exfuncionario.
Hasta el cierre de este reportaje, la Asamblea no ha tomado una decisión final sobre el caso. Está claro que con 70 votos se dará paso a un enjuiciamiento en su contra y con 92 votos no podrá ejercer un cargo público en dos años. La sesión se aplazó a las 15:00.