En un informe sobre la investigación del caso El Gran Padrino, el cual fue elaborado por legisladores de la comisión ocasional multipartidista de la verdad, justicia y lucha anticorrupción se concluye que el presidente Guillermo Lasso puede ser acusado penalmente de traición a la patria y de no haber garantizado la seguridad del Estado.
Se prevé aprobar esta tarde el documento que sería entregado a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, con el fin de que inicien las investigaciones pertinentes.
Enjuiciar políticamente al jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues la conducta analizada se adecúa al cometimiento de delitos contra la administración pública, en concreto las infracciones penales de cohecho, concusión y peculado, bajo la modalidad de comisión por omisión, considerando que, a través de los actos perpetrados y que han sido expuestos en el presente informe, dan mérito al enjuiciamiento político, su censura y destitución.
Se menciona en el documento.
Se indica que existió un intento de obstrucción del proceso, debido a que el exsecretario de Política Pública Anticorrupción, Luis Verdesoto, habría mencionado que el presidente, después de leer y conocer la corrupción informada, solicitó que no se presente el informe a las autoridades.
“Hay una responsabilidad política, puesto que el presidente Guillermo Lasso fue advertido por el exsecretario Anticorrupción Luis Verdesoto de los posibles actos de corrupción y no solo que no los denunció, sino que intentó impedir la actuación”, se detalla en el informe.
Causales para un juicio político
La Constitución contempla tres causales: delito contra la seguridad del Estado, por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y, por delitos de lesa humanidad como genocidio.