Human Rights Watch (HRW) envió una carta de 10 páginas al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que expone varios puntos negativos sobre la declaración de conflicto armado interno y las supuestas violaciones de los derechos humanos.
Este 22 de mayo, la organización declaró públicamente su preocupación ante los acontecimientos que han marcado al país referente a los altos índices delincuenciales, los cuales provocaron que Ecuador conste en la lista de países con alta tasa de criminalidad.
No es la primera vez que la entidad no gubernamental ha manifestado su malestar. En 2023, hicieron un análisis exhaustivo de los eventos que marcaron dicho periodo, incluyendo el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, el periodista y exlegislador, Fernando Villavicencio.
Sin embargo, desde el 9 de enero de 2024 la situación empeoró con el anuncio del Gobierno sobre un “conflicto armado”. En respuesta a la creciente ola de violencia, se militarizó las calles y cárceles, una medida que ocasionó dudas, sobre si realmente se hicieron respetar los derechos de los ciudadanos o al contrario, se violaron.
En la carta también se menciona al total de aprehendidos. “De los 9.000 detenidos a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo solo haber recibido 494 noticias del delito. (…) algunos nunca fueron llevados ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación”, se detalló.
Un caso que puso como ejemplo HRW fue la muerte de Carlos Javier Vega, de 19 años, a quien militares le dispararon porque lo confundieron con un terrorista. También, su primo Eduardo Velasco, de 34 años, resultó herido en el incidente ocurrido el 3 de febrero de 2024, en Guayaquil.
La organización entrevistó a testigos, verificó la información señalada e identificó pruebas que contradicen la versión del ejército, incluyendo la afirmación de que los jóvenes estaban involucrados en bandas criminales.
En el escrito también hace referencia a la militarización de las cárceles. Denuncia que los reos están incomunicados y sin posibilidad de hablar con sus abogados.
Ante los hechos en los centros penitenciarios, el juez Manuel Peña, identificó violaciones de derechos humanos de siete presos de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Sin embargo, Noboa calificó de “antipatria” las acciones del juez constitucional y respaldó públicamente a las Fuerzas Armadas.
Pero la gran pregunta es, ¿Qué acciones planea tomar el presidente?
Hasta el cierre de este reportaje, ni el presidente Daniel Noboa ni representantes del Ministerio del Interior se han pronunciado ante la carta de diez páginas que está firmada por Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas.