Con 17 votos a favor y dos en contra, el pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) aprobó que militares y servidores policiales usen las armas que hayan sido decomisadas en operativos antidelincuenciales.
Dentro de la resolución se establece que las armas, explosivos y municiones podrán ser declarados de beneficio social o interés público para luego destinarlas a las entidades de seguridad. Esto basado en el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Se calcula que los uniformados accedan a más de 30.000 armas y 200 mil municiones para enfrentar la inseguridad, ya que cuentan con escasez de herramientas.
Mediante un comunicado, la Policía Nacional calificó la decisión como acertada. “Esta medida fortalece el combate a la delincuencia organizada en el país”, reza el documento.
Con ello concuerda la jurista Madeline Molina, quien recalcó que era necesaria la decisión, pues las armas de los delincuentes no se comparan a las que usan los uniformados. “Cómo se combate la delincuencia si la policía tiene armas de menor alcance que los mismos delincuentes”.
Considera que debe existir un trabajo en conjunto con los tribunales, fiscales y la Policía Nacional, con el fin de que el proceso de dominio se realice rápido.
Molina recalcó que el proceso podría hacerse efectivo en el último trimestre de este año, ya que se debe verificar el historial de las armas y si estas están todavía en un proceso de investigación.
En Ecuador, 9.382 armas se incautaron en 2022. En lo que va del 2023, 5.718 se confiscaron en las provincias del Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, donde se requisan la mayor cantidad de artefactos detonantes.