El empresario Juan Pablo Paz y el periodista Guillermo Lizarzaburo, denuncian una grave vulneración de sus derechos ante una presunta sentencia judicial de la que nunca fueron notificados. Tampoco fueron convocados a rendir versión alguna.
Esta presunta sentencia le fue comunicada a Paz a través de su esposa, de forma verbal por una defensora pública asignada a los demandados. “Nunca fuimos notificados, por lo tanto, si es que hay alguna sentencia es nula. Sería un caso de fraude procesal”.
Lizarzaburo cree que esta situación podría deberse a represalias por sus denuncias de tráfico de tierras en Durán. Pese a que moradores, como se muestra en la gráfica (foto de portada), denunciaron las irregularidades
Los acusados se refieren a la acción planteada por Pablo Muentes, ya que la jueza Andrea Ordóñez Riera resolvió declararlos culpables por el delito de calumnia.
Para el exasambleísta, qué está apoyando a Guillermo Lizarzaburo, Ricardo Vanegas, se vulneró el derecho a la defensa, como lo establece el artículo 76 numeral 7 de la Constitución.
Vanegas exige que se abra un expediente administrativo contra la jueza.
El exasambleísta asumió la curul en la Asamblea tras la renuncia de Soledad Diab, quien fue electa concejal de Guayaquil, poco después de la publicación del periodista sobre tráfico de tierras.