Nueve personas fueron procesadas por el presunto delito de comercialización de pornografía con utilización de menores. La Fiscalía ordenó prisión preventiva, tras el análisis de elementos de convicción realizado por el juez penal.
Se conoce que no se presentaron cargos contra las otras dos personas, pues no se contó con los elementos necesarios para su procesamiento. La instrucción fiscal quedó abierta por 90 días.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Marco Gaibor exhibió el informe con las direcciones IP en Guayaquil. Además compartió la certificación de la operadora de servicio de telefonía móvil.
Ambos concuerdan con las ubicaciones geográficas de los lugares donde se subía, compartía y descargaba imágenes con contenido sexual, es decir, los inmuebles allanados donde vivían los ahora procesados. También presentó los informes investigativos y el parte de detención.
El fiscal relató que abrió una investigación previa el 25 de octubre de 2022, tras recibir un informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Contra la Violencia de Género, Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia (Dinaf).
En el documento informan que varios ciudadanos estaban en un grupo internacional de WhatsApp, conformado por unas 180 personas de Estados Unidos, El Salvador, Colombia y Ecuador. Ellos interactuaban, almacenaban y presuntamente comercializaban material pornográfico de niños y adolescentes.
Con la asistencia internacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) se pudo fijar los números telefónicos y a sus titulares.
Los 9 ahora procesados, así como las 2 personas que no quedaron imputadas, fueron detenidos en algunos allanamientos ejecutados en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas y Morona Santiago.
Dos de los aprehendidos se localizaron en los sectores de Flor de Bastión y Vergeles, en Guayaquil. Desde esta ciudad empezaron las investigaciones que se extendieron a otras provincias.
Vladímir Ortega, agente investigador, indicó que las indagaciones se dieron durante seis meses, en los que recopilaron equipos tecnológicos y demás indicios que ayudaron a dar con el paradero de las personas.
Se incautaron 4 computadoras, 8 laptops, 2 CPU, 3 discos duros, 24 celulares, 20 chips de telefonía móvil, 10 pendrives, 10 tarjetas de memoria micro SD, una cámara fotográfica, una tableta, 5 dispositivos Wifi, 50 cartuchos calibre 12, una alimentadora y 51 papeletas para depósito bancario.
En el acta de evidencias se fijaron imágenes y videos relacionados a pornografía infantil.