El cuestionamiento de la defensa legal de Danilo Carrera Drouet contra la Fiscalía General del Estado por aparentemente no entregar los últimos documentos del proceso del caso Encuentro genera reacciones.
Las críticas obedecen a que la Fiscalía ha alegado que no tiene esos documentos foliados, es decir, debidamente ordenados y numerados, según respuesta de Fernando Flores Vinueza, secretario de la Unidad de Fuero de Corte Nacional Número 4 del Ministerio Público.
Los periodistas Martín Pallares y Roberto Aguilar se refirieron a unos audios que forman parte de la investigación del caso Encuentro, relacionado a una supuesta participación de Carrera y otras 6 personas en un presunto delito de delincuencia organizada.
“En enero de 2023, cuando se inició el caso, se pidió el audio a Andersson Boscán, del portal La Posta. Dijo que no lo tenía. Lo habían destruido o desaparecido para proteger a la fuente. ¿Qué pasa cuando se destruye el audio? No hay indicio principal”, explicaron en un episodio de Politizados, de Diario Expreso.
Pallares y Aguilar cuestionan la ausencia de los audios probatorios. “El perito tiene que haber dicho que ‘esta voz pertenece a fulano de tal’, ‘este audio fue trucado o no’, ‘este audio se le quitó unas palabras o se le intervino’”.
Según los abogados del empresario, la actuación fiscal evidenciaría una vulneración al derecho constitucional de su defendido, previsto en artículo 76, numeral 7, literal b, de la Constitución de la República. Se refiere a contar con el tiempo y los medios adecuados para ejercer la defensa; elementos necesarios para conocer -o al menos suponer- las razones por las cuales se requiere la imputación de Carrera Drouet.
“Lo único que tiene la Fiscalía para formular cargos son elucubraciones y divagaciones de un medio digital. No hay ni documentos, testimonios ni grabación alguna en la que Danilo Carrera Drouet haya intervenido directamente. En lo relativo a mi cliente, la Fiscalía ha construido de una desinformación un caso penal”, remarca un escrito de la defensa.
A criterio del jurista Alfonso Zambrano Pasquel, una realidad ecuatoriana es, por ejemplo, que el fiscal dice que dispone que se investigue por el delito de prevaricato, luego que hay concusión, pero en un tercer día habla de cohecho. A ello suma que el juez se convierte en “simple espectador”. “Cuando la fiscalía intima cargos ¿cómo se ejercita adecuadamente el derecho de defensa sino sabe de los cargos de debe defenderse, en este caso mi patrocinado?”, expresó.