Tres ciudadanos sin categoría migratoria aprobada fueron descubiertos en San Cristóbal, Galápagos, tras un operativo desplegado la tarde de ayer 17 de enero por técnicos de la Dirección de Supervisión y Control en conjunto con la Policía Migratoria.
Los aprehendidos argumentaron que laboran para Seporgalsa, actual operadora de transporte de carga hacia la isla. Pese a ello no contaban con los papeles en regla, por lo que se procedió con la notificación y sanción administrativa.
Pero no es el único problema detectado en la operadora. En Guayaquil, estibadores denunciaron que carecen de seguridad social, además muchos son contratados por tercerizadoras, por lo que advierten con paralizar sus actividades.
Enrique Del Valle, representante legal de los estibadores, señala que además de los derechos laborales, no reciben capacitación técnica.
La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial también se pronunció y estableció como plazo hasta este martes 23 de enero para que la operadora cumpla con algunos requisitos pendientes, como disponer de maquinaria para la movilización de la carga.
Hay un ultimátum. Eso lo advertimos la semana pasada en una reunión a la que asistieron delegados del Consejo de Gobierno de Galápagos y de la operadora.
Eduardo Navas, titular de la Subsecretaría
El funcionario señaló que ante una eventual salida de la actual empresa, el Consejo de Gobierno de Galápagos deberá convocar a concurso de manera inmediata, precisamente para evitar afectaciones a las islas.
María José Cubillo, representante de una de las empresas que operó años atrás, manifestó que las actuales irregularidades se presentan “cuando se favorecen a las empresas de papel”. Por ello, solicitó a Contraloría que investigue la última adjudicación, “porque al parecer hay conflictos de intereses en el que estaría involucrado el Consejo de Galápagos”.
RGE es unas de las empresas que participó en los últimos dos concursos. Su vocero, Gonzalo Sigüenza, le extraña que no resultaron ganadores pese a que contaban con todos los requisitos, entre ellos, la matrícula de la Autoridad Portuaria Nacional.
“Resulta extraño que se adjudicara a Seporgalsa pese a no cumplir con los requisitos de elegibilidad, incluso carece del certificado de no adeudar al Seguro Social de su nómina del personal técnico especializado”, explicó Sigüenza, tras lamentar que el Consejo de Galápagos haya archivado la queja.