Los informes con indicios de responsabilidad penal, aprobados a partir del 28 de noviembre de 2023, suman un posible perjuicio al Estado de $ 46.6 millones. En este periodo se confirmaron responsabilidades civiles y administrativas de $ 38 millones. Mauricio Torres, contralor general del Estado, aprobó 426 informes generales de auditoría y remitió 62 informes a la Fiscalía.
Los presuntos delitos se identificaron en empresas municipales de Quito, Cuenca, Santo Domingo, Montecristi y Pastaza. Los indicios penales se desprendieron de contratos de obra, como la ampliación a 4 carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, el mantenimiento de las estructuras de captación de quebradas en la capital y en la contratación de bienes y servicios de seguridad privada, limpieza y transporte de personal.
Se observaron posibles actos dolosos durante la ejecución del examen especial al proceso de liquidación de TAME, así como las auditorías a dependencias y hospitales del Ministerio de Salud, Comandancia General de la Fuerza Terrestre, Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), Consejo de Educación Superior (CES), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre otros.
En este periodo se aprobaron los informes en las empresas estratégicas de la administración central, como la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Petroecuador y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Entre el 28 de noviembre y el 6 de marzo, la Contraloría confirmó responsabilidades civiles y administrativas valoradas por $ 38 millones. Una de ellas es la glosa por el perjuicio a Seguros Sucre que supera los $ 11 millones, derivado de inversiones en Bonos Global 2024 realizadas en el mercado extrabursátil.
El organismo confirmó una glosa de $ 7’979.601 por las falencias en la construcción del puente colgante sobre el río Jatun Yaku, en Tena. El constructor de la obra, contratada por la Empresa Pública Ecuador Estratégico, no amortizó el valor del anticipo e incumplió sin justificación el cronograma del proyecto y sus obligaciones contractuales. Sin embargo, no se le impusieron multas.