Mientras sigue su cauce, el llamado de audiencia de formulación de cargos contra Danilo Carrera Drouet y otras seis personas por presunto delito de delincuencia organizada, hay la inquietud si es que el proceso se ha cumplido de manera legal.
La defensa técnica del empresario ha insistido en que la Fiscalía General del Estado no ha entregado copias de los últimos documentos del proceso, pese a los insistentes pedidos. También ha insistido en su no relación a una supuesta delincuencia organizada ni tráfico de influencias.
Calixto Vallejo, quien encabeza la defensa, recordó que la Fiscalía acumula dos casos (Encuentro y León de Troya), que a criterio del jurista, no se relacionan.
“El Ministerio Público sostiene que lo único que tiene es una supuesta ‘oferta de tráfico de influencias’, en la cual quieren vincular a mi cliente. Algo que también es inexistente. Pero, al no contar con pruebas para imputarlo en el otro caso, se han inventado uno nuevo con otra figura penal. Algo de lo cual no tenemos certeza de qué se trata, pues se nos ha ocultado la investigación”, manifestó Vallejo, a través de un escrito.
Para la abogada Madeleine Molina, la Fiscalía generó una polémica, debido a que la unión de dos procesos no está dentro de la óptica del Derecho Constitucional. Considera que se debió tratar mediante indagación previa, que hubiera sido de oficio, para su posterior investigación y seguir la ruta procesal.
Molina no ve con buenos ojos que la Fiscalía haya actuado solo cuando hubo una denuncia de la prensa, en este caso por el portal La Posta. Sostiene que eso muestra la falta de independencia judicial y fiscal.
Manuel Peñafiel opina que “el proceso se lo ha manejado de manera política y dolosa, en el que está involucrado el Ejecutivo”. Cuestiona la interferencia en el proceso judicial desde el alto mando militar y policial al ocultar información. “La Fiscalía debió proceder de oficio y solicitar medidas cautelares y órdenes de prisión”, señaló.
“Ya depende de la defensa de los procesados en el momento que se considere, mediante impugnaciones, objete ante el juez pertinente al considerar que se han violado los derechos del defendido o hay vicios en el proceso”, indicó el abogado Steven Reyes, quien añadió que la Fiscalía tiene la facultad de decidir la investigación, así como la acumulación de los procesos judiciales.
El jurista Alfonso Zambrano Pasquel relacionó el caso de Carrera con la realidad judicial que padece Ecuador, en la que los jueces se convierten en simples espectadores, mientras la Fiscalía busca definir el delito a imponer. “Cuando la fiscalía intima cargos, ¿cómo se ejercita adecuadamente el derecho de defensa sino sabe de los cargos que debe defenderse, en este caso mi patrocinado?”, remarcó.
¿Saldrá airoso Carrera? Viendo desde la óptica de Calixto Vallejo, Molina cree que la defensa tendrá como estrategia la eliminación de la prueba base. “Vallejo va a tratar de atacar las hipótesis que tenga la Fiscalía o el denunciante con la invalidez de las pruebas que presentó el comunicador Andersson Boscán“, dijo.
“Puede ser que la defensa técnica alegue la invalidez de la primera prueba al no hacer el respectivo peritaje y, por lo consiguiente, al no tener el peso probatorio. Ni la Fiscalía ni el juez pueden llegar a una verdad o tener un nivel de certeza en la participación de Carrera. Sin las pericias correspondientes, el juez no podrá de cargo culpar a Carrera. Lo más loable es que Boscán aporte con el material en bruto para que pueda ser evaluado lo que presentó en su momento y se pueda practicar en audiencia”, expresó.